El caso se refiere a violaciones al debido proceso, la libertad personal y torturas sufridas por Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortíz, a quienes se les aplicaron las figuras del "arraigos" y la "prisión preventivas" para justificar el tiempo transcurrido privados de su libertad.
El máximo tribunal de la provincia se expresó en dos decisiones importantes acerca de la prescripción de la acción penal por el juzgamiento en un plazo irrazonable y afectaciones al non bis in idem y el debido proceso.
La Corte señaló que las garantías judiciales también deben respetarse en los procedimientos administrativos que puedan culminar con la desvinculación del cargo de una funcionaria pública.
La Corte Suprema declaró nula la decisión de la Corte bonaerense que rechazó un recurso extraordinario sin hacer el traslado previo a la contraparte.
En el marco de una causa de la Universidad del Salvador contra la Inspección General de Justicia, el Máximo Tribunal abordó cuestiones centrales sobre la legalidad de los actos.